La reciente decisión del Gobierno de declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) abre una nueva etapa en la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Con esta clasificación, el Estado incorpora herramientas legales más severas para perseguir a estas estructuras criminales, lo que fortalece la intervención de los organismos de seguridad en todo el territorio nacional.
En este sentido, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, explicó que esta calificación modifica de manera directa la manera de investigar y procesar a estos grupos. Señaló que, además de los delitos vinculados al narcotráfico, ahora pueden sumarse cargos asociados al terrorismo, lo que amplía las atribuciones del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad para actuar sin restricciones procedimentales.
“La calificación jurídica en ese sentido otorga muchas atribuciones a los organismos de seguridad. Amplía un poco más la cuestión operativa dentro de lo que respecta a los organismos de seguridad”, sostuvo el ministro.
Rachid subrayó que, con esta normativa, la lucha contra estas organizaciones permite no solamente que intervenga la Senad en los casos, sino también a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que permite una respuesta más amplia y coordinada frente a amenazas transnacionales.
Sobre la posibilidad de que integrantes del Comando Vermelho hayan ingresado al país tras los recientes hechos de violencia registrados en Río de Janeiro, Rachid afirmó que no existen reportes oficiales que indiquen un desplazamiento masivo hacia Paraguay. Sin embargo, reconoció que el ingreso clandestino a través de pasos fronterizos informales siempre representa una amenaza latente.
El ministro recordó que el Comando Vermelho mantiene su principal núcleo en Río de Janeiro, donde concentra operaciones logísticas y territoriales. Aun así, Paraguay mantiene vigilancia constante en los puntos limítrofes, especialmente en zonas de frontera para evitar eventuales intentos de instalación.
Con la incorporación de nuevas herramientas legales y la participación de más instituciones en tareas de seguridad, el país busca reforzar la política de Estado contra el crimen organizado.